(PD).- El jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación parece haber pasado por alto alguno de los pecadillos del buscador, que en otros países le costaron más de un disgusto en materia de derechos humanos.
La compañía sostiene que se limita a aplicar la ley de cada uno de los países en los que se instala, y que el buscador contribuye a facilitar su apertura.
Los críticos, por su parte, creen que esta postura sólo legitima a los Gobiernos autoritarios y pide que Google use su posición, a la vanguardia de internet, para llevar los derechos civiles a los países en los que se instala.
El caso más paradigmático es el de China, un país repetidamente connos en el que buscador instaló sede en Pekín y ayudó a construir lo qdenado por Naciones Unidas por la violación de los derechos humaue sus detractores conocen como La gran muralla electrónica, un espacio de control estricto de la información electrónica.
