(PD).- El PP madrileño parece dispuesto a abrir la caja de Pandora. La consejera de Educación madrileña presentará en el próximo congreso regional de su partido una propuesta para privatizar Telemadrid «en cuanto la ley lo permita»; una alternativa que evitaría el despilfarro de las arcas públicas y eliminaría el debate por el «intervencionismo» de algunos gobiernos autonómicos.
En momentos de crisis impera el sentido común y comenzamos a plantearnos dónde se va nuestro dinero, y buena parte de éste se está tirando a un pozo sin fondo como son los canales públicos de televisión, auténticas cajas políticas destinadas a premiar a los amigos del poder y castigar a quienes no comulgan con la línea del cacique de turno.
La privatización de canales como Telemadrid, Canal Sur, ETB, TVG o TV3 supondría un ahorro de miles de millones de euros que se podrían destinar a políticas sociales realmente necesarias. No es comprensible que Cataluña, por ejemplo, disponga de tres canales distintos autonómicos que han provocado diversas polémicas por la sumisión que demuestran a la Generalitat.
Además, gracias a su sistema de financiación realizan todo tipo de apuestas con fines comerciales que escasos resultados han obtenido siendo el ciudadano el que tiene que pagar la incompentencia de los directivos. Algo que han criticado siempre el resto de televisiones comerciales que ven como, además de perder un trozo de pastel, tienen que competir con unas cadenas a las que les inyectan una buena cantidad cuando las cosas van mal.
En estos términos se ha expresado el secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), Jorge del Corral, quien ha asegurado que el anuncio de la consejera de la Comunidad de Madrid es una «buena noticia», ya que obligará a esta cadena a «luchar con las mismas armas» que el resto de operadores privados.
Para Del Corral «todo lo que sea evitar la competencia desleal es bien recibido». A su entender, los ingresos por publicidad recibidos por las cadenas públicas suponen una «injusticia» en el mercado televisivo y pidió eliminar los anuncios comerciales en las televisiones comerciales.
No obstante, ha advertido de que la posible privatización de Telemadrid «deberá suponer el fin de las subvenciones» para esta cadena ya que «sería inadmisible que se realizase una concesión de explotación a un grupo privado que, posteriormente, recibiese ayudas públicas cada cierto tiempo».
Bloqueada por la Ley del «Tercer Canal»
Las televisiones autonómicas están reguladas desde el 26 de diciembre por la Ley 46/1983 del ‘Tercer Canal de Televisión’. La petición de Telemadrid sería opuesta a los artículos 6 y 9 de esta normativa, que aluden a la obligación de gestionar la cadena a través de una sociedad anónima constituida en cada comunidad autónoma.
El artículo 6 explica que «la gestión que se concede [a las comunidades autónomas] no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto».
Asimismo, el artículo 9 establece las bases de los canales autonómicos, obligando a que «la gestión mercantil del servicio público de televisión del tercer canal se realice por una sociedad anónima». Además, señala que dicha sociedad anónima «se regirá por el derecho privado, sin mas excepciones que las previstas en la legislación vigente».
IU se opone
Izquierda Unida-Comunidad de Madrid ha avisado que se opondrá firmemente a cualquier intento de privatización y considera que Telemadrid «necesita notables cambios para recuperar la confianza de los madrileños».
IU también ha reclamado que se dote al Ente público de los necesarios recursos financieros para el desarrollo de sus cometidos de servicio público, promoviendo una programación de calidad, plural, y abierta al servicio de todos los ciudadanos madrileños.
Lo que necesita la sociedad madrileña es una televisión más abierta, más plural pero una televisión pública, con recursos necesarios y gestión eficiente para que pueda cumplir sus fines fundacionales.
La coalición madrileña ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes, y muy especialmente del Gobierno regional y del PP «para evitar proseguir en el proceso de deterioro empresarial e institucional del Ente Público Radio Televisión Madrid».
No nos sorprende la iniciativa conservadora, pero sí nos preocupa porque se trata de una vieja aspiración de la derecha madrileña que afecta a uno de los derechos fundamentales, el derecho a la información, además de constituir una seria amenaza para los 1.400 puestos de trabajo del Ente Público RTVM.
