(PD).- Una docena entre las diecisiete Autonomías españolas dispone de radio(s) y televisión(es) pública(s). Es un capítulo significativo del derroche nacional que, sumado al de TVE, al que iguala en magnitud, dibuja un paisaje en el que el poder ejecutivo, además de controlar al legislativo y al judicial, se convierte en editor y en clara competencia desleal con los medios privados y desvirtúa la versión de la realidad que llega a los ciudadanos.
En ese territorio el mal, que es hondo, no distingue entre ideologías y/o camisetas partidistas.
Como afirma Manuel Martín Ferrand en ABC, las televisiones públicas que controla el PSOE no son muy distintas de las que están en manos del PP y, en sus ámbitos respectivos, de las tripartitas instaladas en Cataluña, País Vasco y Galicia.
En las últimas horas una de esas televisiones regionales cuya existencia teórica es difícil de fundamentar y, más todavía, en las Autonomías no bilingües, se ha colocado en el ojo del huracán. Como las desgracias nunca llegan solas, Esperanza Aguirre, atribulada por tantas y tan diversas razones, tiene que soportar una huelga en Telemadrid, La Otra -el pecado cursa con original y copia- y su familia radiofónica.
Vaya por delante mi condena a los sindicatos promotores que, sobre las razones legítimas que podrían asistirles en el orden reivindicativo y salarial, la han convertido en salvaje y han llegado a cortar de cuajo las emisiones.
Un claro atentado a la libertad de información con la que esos sindicatos, sin servicios mínimos ni perrito que les ladre, suelen llenarse la boca de sus presunciones.
El suceso debiera servir, y más cuando la prudencia aconseja la reducción del gasto público, para una reflexión sobre la existencia de medios públicos de comunicación e información.
La prensa ha sido históricamente, más que el cuarto poder, un contrapoder limitador de los excesos del gobernante de turno; pero, si ese gobernante tiene sus medios propios, sin posibilidad de control efectivo, estaremos dándole vuelo a una forma desmedida e impertinente de propaganda.
Cierto es que muchos, la mayoría, de quienes trabajan en esos medios de titularidad pública y gastos desmedidos son profesionales fuera de toda sospecha; pero, si nos atenemos a sus frutos, el árbol no resulta deseable.
Lanzados al vértigo autonómico opera el síndrome del «¿por-qué-nosotros-no?». Si en Cataluña o en Madrid José Montilla y su mariachi o Esperanza Aguirre disponen de un instrumento tan embellecedor, ¿por qué no lo van a tener los gallegos, los andaluces, los castellano-manchegos…?.
Las cuentas del Gran Capitán se quedan pálidas ante las del peculiar fenómeno de las televisiones autonómicas y lo más curioso: los mismos «demócratas» que encontraban indeseable la prensa del Estado que manejaba el franquismo consideran indispensable la televisión autónomica que manipulan los partidos.
