(PD).- En la imagen, captada por el fotógrafo Jorge Aguirre, en abril de 2006, mientras se desplomaba herido de muerte, se ve a un tipo huir a bordo de una motocicleta. La foto dio la vuelta al mundo y permitió la identificación y posterior captura de Boris Blanco Arcia, el pistolero criminal.
La principal prueba que pesó en contra del homicida fue la última fotografía que Aguirre tomó en su vida. Y ahora, el facineroso ha sido condenado a 15 años de cárcel.
Los fiscales del Ministerio Público Cristian Quijada, Ericka Paredes y Víctor Hugo Barreto le imputaron los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y usurpación de autoridad.
Blanco Arcia, que había pertenecido a la policía del municipio caraqueño de Chacao, fingió que aún pertenecía a ese cuerpo durante una discusión que sostuvo con Aguirre y el chófer del automóvil del vespertino venezolano El Mundo.
La muerte de Aguirre agitó aún más a Venezuela, un país todavía conmocionado en aquellas fechas por el cuádruple asesinato de los hermanos adolescentes Brian, Kevin y Jason Faddoul y del conductor de la familia de éstos, Miguel Rivas, en un caso fallido de secuestro.
Precisamente, Aguirre se encontraba cubriendo las manifestaciones que diversos grupos de Caracas protagonizaron para repudiar el crimen múltiple y exigir más seguridad ciudadana. El fotógrafo se encontraba en la Ciudad Universitaria de Caracas, uno de los focos de las protestas, cuando Blanco Arcia, simulando ser policía en activo, ordenó al chófer que se detuviera. Como el conductor no lo hizo, sacó un arma y abrió fuego, hiriendo de muerte a Aguirre, quien, sin embargo, alcanzó a fotografiarlo.
La condena a Blanco Arcia fue pronunciada por un tribunal mixto de juicio. Es decir, la juez, Doris Avendaño, fue asistida por escabinos, ciudadanos comunes que ejercen una modalidad parecida al jurado.
Al dictar sentencia, el tribunal desestimó el delito de usurpación de funciones, pero declaró culpable al imputado del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. La pena aplicada puede considerarse benévola, ya que para ese delito con tales agravantes podría haber recibido la pena máxima prevista en Venezuela, 30 años de presidio.
Aguirre, un veterano fotoperiodista, había salido aquel día a tomar instantáneas de un equipo de fútbol que entrenaba en el estadio de la Universidad Central de Venezuela. Al salir de ese lugar y percatarse de que en el campus de la casa de estudios había protestas, se desvió para hacer algunas fotos.
