(PD).- El buque insignia de Prisa se ha felicitado por la ofensiva laicista del Gobierno de Zapatero, si bien la considera insuficiente. En un editorial titulado «Laicidad equívoca», El País afirma que «sorprende que el camino escogido sea la reforma de la Ley de Libertad Religiosa y no la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979».
Y, al hilo de ello, acusa a ZP de transmitir una impresión «equívoca» y de permitir en la anterior legislatura una norma «siempre favorable» a la Iglesia Católica.
Para el diario de Prisa, la reforma de la Ley de Libertad Religiosa anunciada hace unos días por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es un paso positivo, pero claramente insuficiente. Desde el punto de vista del rotativo madrileño, este objetivo que se ha marcado el Gobierno tendría que venir acompañado de la revisión de los acuerdos con la Santa Sede de 1979.
«A pesar de que la ley exige inscribir las iglesias o las comunidades en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, la jerarquía católica no ha cumplimentado este requisito, en abierto desafío al Estado. Su presencia en establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales o penitenciarios es prácticamente general, mientras que es nula o escasa la de otras confesiones. El sistema de conciertos le ha permitido, por otro lado, controlar un importante porcentaje del sistema educativo. Y las diferencias en materia de financiación van desde los 4.000 millones de euros que recibe la Iglesia católica a los cinco que reciben los otros credos. El acuerdo por el que se rigen éstos data de 1992 y, a diferencia del que regula las relaciones con la Iglesia católica, no hay dudas sobre su constitucionalidad. Las confesiones minoritarias han expresado reiteradas quejas sobre los incumplimientos de los acuerdos de 1992 por parte del Estado».
«Al manifestar su intención de reformar la ley pero omitir cualquier mención a los acuerdos de 1979, que han sido hasta ahora el principal obstáculo a la separación entre la religión y el Estado establecida por la Constitución, el Gobierno transmite una impresión equívoca. No se sabe a ciencia cierta si lo que pretende es reconsiderar la situación de privilegio de la Iglesia católica o, por el contrario, generalizar algunos de sus extremos al resto de las confesiones, por ejemplo, aumentando la financiación o concediéndoles más espacio en la educación».
«Hasta que el Gobierno se pronuncie sobre el futuro de los acuerdos con la Santa Sede, no se podrá conocer lo lejos que se propone llegar en esta materia».
