(PD).- La situación de los periodistas en el País Vasco es una de las «más inquietantes» en la Unión Europea (UE) por las «intimidaciones» de la organización terrorista ETA que obligan a muchos a vivir con escolta y a otros a dejar la región, según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, RSF ha investigado por primera vez las violencias y amenazas contra los periodistas en la UE.
Además de en el País Vasco a causa de ETA, afrontan amenazas, intimidaciones o intentos de asesinato por las mafias en el sur de Italia, por miembros de grupos paramilitares implicados en tráficos de drogas o extorsión en Irlanda del Norte, por islamistas integristas en Dinamarca, o en las barriadas conflictivas en Francia, indica el documento.
El capítulo sobre España titulado «Un País vasco de alto riesgo» se abre con la afirmación de que «en una sociedad vasca dinámica y proyectada hacia el futuro, los periodistas soportan, en ocasiones desde hace muchos años, las intimidaciones de la organización terrorista» ETA, afirma RSF.
En San Sebastián, Gorka Landaburu, director de la agencia EIG y corresponsal de la revista ‘Cambio 16’, recuerda el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle, de ‘El Mundo’, en 2000, y el atentado con paquete bomba del que él mismo fue objeto en 2001, en el que perdió varios dedos y la vista en el ojo izquierdo.
‘Punto álgido’
Tras señalar que en aquella época la presión alcanzaba su «punto álgido«, indica que «de nuevo los periodistas son un objetivo» con la ruptura «muy preocupante» de la tregua por parte de ETA.
Desde el anonimato un colega de ‘El País’ afirma que «los últimos años han sido duros. La dificultad proviene del clima general, de un sentimiento de crispación que dificulta nuestro trabajo. Estoy cansado de todo esto. Dura desde hace demasiado tiempo».
Si bien los medios no están sometidos a las presiones de ETA con la misma intensidad, todos los periodistas entrevistados por RSF han lamentado el clima de «hostilidad existente».
«Cartas amenazadoras tras la publicación de un artículo, comunicados acusando a un periodista o una redacción, difusión de lista negras de medios ‘enemigos’, concentraciones de militantes independentistas ante las redacciones de los medios ‘contrarios’ a ETA, carteles en las calles mencionando nombres de periodistas, y dando sus direcciones o números de teléfono, etc», indica RSF.
Sentencia que es «muy larga la lista de intimidaciones que sufren los profesionales» que «no comparten las tesis de ETA».
Un clima que obliga a muchos a vivir con escolta policial y poner bajo protección a redacciones enteras, agrega RSF y precisa, que, según el Consejero vasco de Interior, Xavier Balza, unos 40 periodistas están con protección policial, una decena de ellos a título individual, mientras otros optan por una protección privada.
Vida en ‘semi-libertad’
Landaburu habla de una «vida en semi-libertad», mientras que Carmen Gurruchaga, corresponsal de ‘El Mundo’ en el País Vasco hasta la explosión de una bomba ante su casa en 1997, acusa a ETA de haberle robado «su vida, sus amigos y su ciudad».
Muchos periodistas se han negado a irse del País Vasco, aunque alejan a sus familiares para que no corran peligro. Una periodista, que reconoce el impacto en el ejercicio de la labor periodística, cita el «peligro de optar por fuentes informativas no excesivamente duras con el terrorismo y evitar las que se oponen demasiado, porque puede resultar peligroso».
Además, la libertad de los periodistas es «a veces» amenazada también por la actuación de las fuerzas del orden, indica RSF, que cita el caso de Óscar Beltrán, de ‘El Correo’, que en 2007 publicó que un miembro de la policía vasca había avisado a un etarra de que lo iban a detener.
El fiscal ordenó la entrega a la policía de la lista de las llamadas recibidas por Beltrán el día de la operación, pero no se investigó para identificar al agente, denuncia el periodista, para quien «el gobierno autónomo no quiere que se hable en la prensa de la policía vasca, y quiere controlar cualquier información sobre las fuerzas de la policía autónoma».
