(PD/Agencias).- El presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fernando Castelló, su vicepresidenta, Rubina Möhring, su secretario general, Robert Ménard, y el responsable de la oficina de la organización en Asia, Vincent Brossel, han sido expulsados de China por las autoridades después de que se negaran a firmar un documento prometiendo que no organizarán más actos de protesta.
Ayer, los representantes de la ONG internacional habían organizado un acto público para protestar por la falta de libertad de prensa en China, a apenas un año de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. La concentración terminó con una quincena de periodistas retenidos, cuatro de ellos españoles, durante cerca de dos horas.
Según ha explicado la ONG en un comunicado, a las 2.00 horas de hoy, policías chinos llamaron a la puerta de la habitación de Brossel en su hotel en Pekín y le pidieron que abriese la puerta, pero éste se negó. Entonces, señala el texto, Robert Ménard abrió su puerta a ver qué pasaba, la policía la bloqueó y entró en su habitación.
Los policías chinos, siempre según el relato de los hechos de RSF, cogieron el pasaporte de Ménard y registraron su cuarto. Una hora después, Castelló y Möhring abrieron finalmente las puertas de sus respectivas habitaciones y empezaron a discutir con los agentes. Fue entonces cuando la policía, tras registrar sus cuartos, «les pidió que firmasen un acuerdo diciendo que no organizarían de nuevo una manifestación sin autorización».
Los cuatro responsables de RSF se negaron a firmar un documento de ese tipo por lo que, pasadas las 3.00 horas, «fueron finalmente escoltados por la policía hasta el aeropuerto» de Pekín y cogieron un vuelo para París, donde tiene su sede la ONG.
La manifestación del día anterior tuvo lugar frente a la torre de oficinas del comité organizador de los JJOO en Pekín y en ella participaron los cuatro responsables de RSF expulsados.
Los miembros de la ONG, que vestían unas camisetas negras en las que los aros olímpicos habían sido sustituidos por esposas y desplegaron carteles con idéntico motivo, insistieron en que su propósito no es arruinarle a China los Juegos, sino defender la libertad de expresión.
«No hemos venido aquí para pedir un boicot», señaló entonces Vincent Brossel. Según los datos de RSF, en China existen más de 30 periodistas detenidos y otra cincuentena de «ciberdisidentes» (activistas que utilizan Internet para manifestar su oposición al régimen de Beijing) en prisión. Y la promesa realizada por los líderes chinos en 2001, cuando aseguraron que de convertirse en anfitriones de las Olimpiadas mejorarían la situación de los Derechos Humanos en el país, ha caído en el baúl del olvido.
