(PD).- Este domingo se ha consumado un cierre anunciado desde la última victoria electoral del presidente venezolano Chávez: el de la televisión privada Radio Caracas Televisión (RCTV).
En realidad, aunque el Gobierno acusaba a la cadena de violar múltiples leyes, ha evitado llevar el caso a los tribunales y ha preferido esperar cobardemente a que expirara la licencia para no renovarla. Tras esta decisión, los venezolanos contarán ya sólo con una televisión que no es pro-Chávez, Globovisión, cuya licencia aún no toca renovar pero que constantemente se queja del acoso oficial.
Las otras dos que en su día fueron críticas con el presidente tomaron nota cuando éste empezó a aprobar legislación como la llamada Ley de Responsabilidad Social sobre Radio o Televisión, más conocida como la ley mordaza, dulcificando mansamente su tono informativo. Por supuesto, esta supresión de medios independientes se ha unido a la multiplicación de los públicos.
Para hacer la clausura de RCTV más sangrante, el Tribunal Supremo venezolano ha dictado que tendrá que ceder todos sus equipos y antenas a la última televisión creada por decreto por Chávez. El panorama no puede ser más aciago para la libertad de expresión y prensa en Venezuela, y por tanto para los Derechos Humanos.
Por eso resulta también lamentable la falta de reacción y sensibilidad hacia las libertades ajenas que tal decisión ha provocado en la UE. Que la propuesta del Grupo Popular en la Eurocámara, citándo el cierre como un «precedente alarmante», sólo consiguiera 43 votos favorables en una Cámara de 758 parlamentarios (sólo 66 participaron en la votación) demuestra, como apuntó el propio Chávez, que «la clase política europea no tiene interés en esto».
Y el voto en contra de los grupos de izquierda y los verdes prueba, una vez más, su disposición a anteponer su ideología a unos derechos básicos que deberían trascenderla. España debería protesar y liderar la petición de sanciones contra Chávez por parte de la Unión Europea.
