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Cuando el Himno Nacional es de un particular

27.05.07 | 11:14. Archivado en fotoperiodismo

(PD/Agencias).- Hace exactamente diez años, el Estado español pagó 130 millones de pesetas en para hacerse con los derechos del Himno español. Aun así, cada vez que suena, a los herederos del «autor» les pertenece un 5% de lo que genera. Lo curioso es que los dos hermanos a los que les corresponde el dinero, no lo cobran, porque no se preocuparon en su momento de registrase como titulares.

Se trata de los hijos de José Andrés Gómez, ya fallecido, alumno y amigo del maestro Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), primer director de la Orquesta Nacional, el hombre al que le tocó la lotería el 20 de enero de 1932 cuando inscribió el himno español a su nombre con el número de registro 65282.

La Marcha Real se remonta a siglos atrás. De autor desconocido, su partitura apareció plasmada por primera vez en 1761. En 1970, Carlos III la declaró marcha de honor y el pueblo la adoptó como himno propio.

Pérez Casas apareció en escena casi dos siglos más tarde, en 1908, cuando le encargaron la armonización de la Marcha Real porque la partitura había quedado obsoleta, los instrumentos de las bandas militares se habían transformado y la marcha se había adaptado y modificado de forma caprichosa.

En 1932, Pérez Casas registró la marcha que en su momento armonizó como invención propia».


Cuando Franco recuperó la Marcha Granadera como himno nacional, después de que durante la II República hubiera mandado el de Riego, el decreto que formalizó la disposición no incluyó partitura alguna y se dio por hecho que se adoptaba la de Pérez Casas.

Fue así como el maestro se convirtió en el dueño de facto del himno.

A su muerte, en 1956, le siguió, no mucho después, la de su esposa, María Angeles Ros Castell. El matrimonio, sin hijos, dejó la mitad de los derechos de la Marcha Granadera a María Benito Silva, su fiel sirvienta, pero con caducidad: sólo hasta su muerte, lo que ocurrió en 1995.

La otra mitad de los derechos quedaron bajo la titularidad de José Andrés Gómez, alumno, amigo y, según algunas crónicas, albacea de Pérez Casas.

Falleció en 1997, en plenas negociaciones con el Estado, por lo que fueron sus dos hijos -en su caso el patrimonio sí era transmisible- quienes se beneficiaron del acuerdo. Ahora los hermanos estudian la letra pequeña del contrato en busca del 5% ignorado.


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