La Audiencia abre el juicio del 'caso del ácido bórico'

10.06.08 @ 12:10:44. Archivado en Análisis

(PD).- La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de este martes el llamado "caso del ácido bórico", en el que se sentarán en el banquillo los cuatro mandos policiales que rechazaron un informe sobre dicha sustancia que elaboraron tres peritos y en el que relacionaban ETA y los atentados del 11-M.

Fuentes jurídicas han informado de que el juicio comenzará una vez que el tribunal anuncie que no aplicará la "doctrina Botín" del Tribunal Supremo, que limita el papel de las acusaciones populares en los procedimientos abreviados, sino que empleará los argumentos que estableció en la sentencia del "caso Atutxa".

Esto es, que cuando no es posible que actúe la acusación particular porque el delito carece de perjudicado concreto la popular puede instar por sí sola la apertura de juicio oral, lo que ocurre en el caso del "ácido bórico", ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado consideran que exista delito.

Acusaciones de manipulación

Sin embargo, las acusaciones populares, ejercidas por la AVT, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias, acusan a los cuatro mandos policiales de manipular supuestamente un informe elaborado por tres peritos que relacionaba ETA con el 11-M a partir del hallazgo del ácido bórico en el domicilio de uno de los condenados por los atentados.

A partir de hoy y durante cuatro sesiones, se sentarán en el banquillo de los acusados el comisario general de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez.

Los mandos policiales están acusados de presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio, y a Santano le imputan además un delito de encubrimiento, por lo que las acusaciones solicitarán para ellos penas de entre 6 y 9 años de cárcel y de entre 6 y 18 de inhabilitación, así como multas de 108.000 euros y tres años de suspensión de empleo.

Según los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en su informe sobre el ácido bórico unas observaciones en las que se relacionaba esa sustancia con el hallazgo de la misma en un piso franco de ETA en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999.

Su estudio se lo dieron a Ramírez, quien "conocía la existencia de una consigna, en cierto sector de la Policía, que exigía que no se informase a la Audiencia Nacional de ningún vínculo que pudiera existir entre ETA y el 11-M", por lo que se lo dijo a Mélida, y éste a su vez telefoneó a Santano, que estaba de vacaciones.

"La orden que Santano dio a Mélida y éste transmitió a Ramírez fue contundente: que se elimine del informe todo lo referente a ETA", sostienen las acusaciones, que aseguran desconocer si fue una "decisión personal" o si lo ordenó a instancias de "estamentos superiores", como el entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio, o el ex ministro del Interior José Antonio Alonso.

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